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El debate sobre la Educación Superior en tiempos de la ofensiva neoliberal


#FUNE #DerechoALAEducación

El MILES – Movimiento Nacional Latinoamericanista Estudiantil participó de la III Conferencia Regional de Educación Superior (CRES) para seguir consolidado la UNIDAD de todo el MOVIMIENTO ESTUDIANTIL.

Compartimos las conclusiones del FUNE – Frente Universitario Nacional por la Emancipación

El movimiento estudiantil se pronuncia de cara a la III CRES
Como venimos caracterizando, nuestro continente se enfrenta a una potente ofensiva del capital imperialista que busca revertir las numerosas conquistas conseguidas con la lucha popular en América Latina y el Caribe a lo largo de la historia. Esta ofensiva asimismo se expresa en la disputa por el sentido de la Educación Superior, la cual cumple un rol fundamental en el andamiaje ideológico de cualquier Estado, a la vez que resulta una de las herramientas de inclusión y movilidad social fundamentales para el pueblo trabajador.
En este sentido, es indudable que la III Conferencia Regional de Educación Superior reunida en la ciudad de Córdoba ha sido uno de los escenarios de disputa por la orientación de la educación superior en la región. Cabe recordar la Declaración producto de la última CRES en el año 2008 en la ciudad de Cartagena, que estableció parámetros de partida para pensar a la educación superior como un derecho y apuntar a una universalización de la educación superior que contempla una democratización política y social como horizonte. Esto no es menor, considerando la fuerza con la cual se asentaron las bases de la mercantilización de la educación a nivel regional y global durante los años ‘90. Aún así, hoy nos encontramos con muchos de esos horizontes planteados aún como asignaturas pendientes. Y es por ello que se vuelve necesario afirmar y asentar los desafíos que tenemos actualmente, frente a un contexto político regresivo, aquellxs que luchamos día a día por una universidad realmente pública, democrática y soberana.
Así, ante la III CRES nos parece importante en primer lugar retomar el legado de la gesta heroica de 1918, la cual se desarrolló en el marco de un ascenso de las luchas obreras y populares en el país y en la Provincia de Córdoba en contra de la oligarquía, que confluyó con el movimiento estudiantil, el cual a su vez se valió de las herramientas de lucha de la clase trabajadora: la huelga, la movilización y la toma. Lxs compañerxs que se movilizaron en aquel momento tuvieron una lectura histórica y continentalmente situada, y la claridad de que una Reforma Universitaria sin una transformación social es insuficiente. A su vez, sus reclamos giraron en torno a exigir el monopolio estatal de la educación superior, órganos de co-gobierno paritarios y desafiar la idea de las jerarquías universitarias.
Hasta 1918, la Universidad no hizo sino responder a los intereses de las clases dominantes de la sociedad, dueñas del poder económico y político. La respuesta de la Reforma a la crisis de aquellos años llego con aires Latinoamericanos y Antiimperialistas.
El Movimiento Estudiantil de aquellos años tomó la decisión, en medio de una profunda crisis mundial, de asumir sus desafíos y desarrollar consciencia de su rol histórico como sujeto de transformación y constituirse como un actor político social.
Este proceso de transformación del sistema de educación superior universitaria que tuvo su primer acto en el corazón de la Argentina latinoamericanista, rápidamente se expandió en todo nuestro continente: Llegó a Perú en 1919, donde los estudiantes reunidos en el primer Congreso Nacional de Estudiantes resolvieron la creación de la “Universidades Populares González Prada” (centros que confraternizaron obreros, estudiantes e intelectuales, ampliándose el radio de influencia de la Reforma). En 1920, el grito de Córdoba llegó también a Chile, Uruguay, Colombia, Guatemala, Ecuador, Bolivia, El Salvador, Cuba y Paraguay. Casi al cierre de esa década, nuestros hermanos mexicanos aprobaron por ley orgánica universitaria la participación de toda la comunidad en el gobierno de las casas de estudios (1929). Haciéndonos recordar las gestas independentistas contra las invasiones de la oligarquía inglesa y las monarquías virreinales de 1806 a 1810.
Las transformaciones surgidas a partir de 1918 tuvieron su continuidad durante todo el siglo XX, con idas y vueltas, avances y retrocesos. La masificación de la educación superior universitaria que se vislumbró en el gobierno del Irigoyenismo, se consagró de la mano de las políticas educativas del Peronismo. El 22 de noviembre de 1949 se suspendieron los aranceles, estableciéndose así la gratuidad universitaria (medida que dio lugar a un aumento de la matrícula universitaria de 40.284 estudiantes en 1945 a 138.871 en 1955). Se creó la Universidad Obrera Nacional, se expandieron las escuelas técnicas y se creó el Ministerio de Educación, otorgándole mayor jerarquía dentro de la estructura del Estado.
La comunidad educativa logró así materializar en nuestra normativa banderas históricas del estudiantado argentino: concebir a la universidad pública como pilar fundamental en el marco del impulso de un proyecto de país soberano.
En 1969, Córdoba junto a Corrientes, Rosario, Tucumán, etc. resultó nuevamente escenario de lucha y movilización. Los y las estudiantes volvimos a reafirmar que la senda histórica que siempre debemos caminar es junto al movimiento obrero organizado, como Pueblo.
Con la dictadura de la oligarquía financiera de 1976, y el más crudo neoliberalismo, se instaló una de las etapas más oscuras para nuestro país, y el campo popular tuvo que atravesar años muy difíciles: políticas de desindustrialización y hambre, desguace del estado, desfinanciamiento de lo público, persecución y expulsión de valiosísimos profesionales y técnicos, y el inhumano exterminio de cuadros y dirigentes políticos del campo popular, fueron estos los principales hechos que signaron las décadas de los 70, 80 y 90.
Durante los años 90’, con el neoliberalismo reinando en la Argentina ahora de la mano de gobiernos civiles y mediante otros modos de golpismo, los estudiantes argentinos nos vimos nuevamente lanzados a defendernos y a defender en la calle la Universidad Pública y Gratuita contra el arancelamiento de la educación recomendado por el Banco Mundial y la OMC. Quizás no hayamos logrado en 1995 frenar la sanción de la Ley de Educación Superior 24.521, que aún sigue vigente en Argentina, y que contiene tintes privatistas y antipopulares, pero sí evitamos que el derecho a estudiar tuviera un precio en nuestro país. Una gesta admirada por muchos países en el mundo, y en particular por nuestros hermanos latinoamericanos.
La pueblada del 2001 tumbó al gobierno de De La Rúa y se potenció el auge de luchas populares en todo el período posterior. Desde allí en a los años siguientes, las numerosas luchas nos encontraron con triunfos en materia de Educación Superior como la creación de nuevas universidades, programas de desarrollo de infraestructura, repatriación de científicos, políticas de inclusión económica para los sectores de menores recursos, por nombrar algunos.
A pesar de que no se resolvió la creciente deserción estudiantil, de darle continuidad de la aplicación de la Ley de Educación Superior, del financiamiento direccionado y por fuera del presupuesto estatal. La “autonomía”, esencia de la Universidad Pública Argentina, que alguna vez fue una gran herramienta para combatir la injerencia de los intereses financieros transnacionales, también resultó el muro que no pudimos sortear los intereses populares para debatir el rumbo de una de las mayores plataformas de producción masiva de cuadros técnicos y científicos, de conocimiento estratégico, de incubadoras, de ámbitos de debate, enseñanza y aprendizaje de la región.
Siguen estando pendientes los desafíos de potenciar una Universidad enteramente al servicio del desarrollo de la Justicia Social y la felicidad de los Pueblos. La Universidad Masiva, Inclusiva y Popular, que defiende y potencia la soberanía estratégica, territorial, científica, tecnológica, logística y alimentaria, y que se abre a las problemáticas y necesidades de las organizaciones sociales, las organizaciones sindicales, las Pymes, las industrias estratégicas nacionales-latinoamericanas.
Hoy, 100 años después de la Reforma de Córdoba, vivimos una coyuntura histórica compleja, fuertemente atravesados por una nueva ofensiva financiero-neoliberal. En un contexto de creciente inflación y desguace del Estado en general y del aparato productivo-científico-tecnológico en particular, de pérdida del poder adquisitivo, de profundo empobrecimiento de todos los trabajadores y de crecimiento exponencial de la exclusión social; quienes habitamos la Universidad Pública venimos viendo y padeciendo los fuertes y constantes ataques desde el comienzo de esta nueva etapa de gobiernos neoliberales en muchos de nuestros países, que se expresa en Argentina desde fines del 2015.
En este contexto, nos parece necesario poner en discusión algunas de las líneas rectoras sobre las cuales lxs representantes políticos de esta ofensiva -en Argentina, el Gobierno de Cambiemos que encabeza Mauricio Macri- pretenden avanzar para direccionar la producción y reproducción del conocimiento hacia los intereses de las corporaciones multinacionales. Entendemos que algunos de los puntos de debate principales se ubican en el concepto de internacionalización del conocimiento, de la flexibilización de la educación y de la virtualización de la enseñanza.
Internacionalización
Tanto en los documentos oficiales, como en distintos ámbitos de discusión académicos, se asienta en el último tiempo el concepto de la internacionalización como una consecuencia (además, deseable) del proceso de globalización imperialista que ha caracterizado al capitalismo de las últimas décadas.
La idea de la internacionalización se basa en la “modernización” de la universidad en los países periféricos, haciéndola “converger” con las universidades de los países centrales. Esto se lograría mediante el fomento a la movilidad entre países de estudiantes y profesionales, de cátedras internacionales, elaboración de estándares internacionales de educación – incluyendo posibles procesos de acreditación que excedan las escalas nacionales – y, por supuesto, la idea de universalización del conocimiento.
Sin embargo, la manera en que se concibe la misma entraña numerosos problemas. En primer lugar, esta búsqueda por internacionalizar la Educación Superior responde al propio proceso de expansión mundial de los capitales multinacionales, que buscan contar con recursos baratos pero altamente calificados formados con su mismo sistema educativo pero en países periféricos oprimidos. El resultado directo es la fuga de cerebros y profesionales, que además de formarse orientados a cumplir ese rol en lugar de al desarrollo nacional, territorial y regional, generan que se profundice la desigualdad estructural entre las economías latinoamericanas y las de los países centrales imperialistas. El macrismo afirma explícitamente sus intenciones: cabe recordar que aunque el Plan Maestro no se convirtió finalmente en un proyecto de ley, en el apartado dedicado a la educación superior se incluía como meta lograr que para el año 2026 el 90% de las instituciones universitarias argentinas tuviera un plan estratégico de internacionalización.
En el mismo sentido, en el ámbito de la investigación hoy resulta sumamente obstaculizada la posibilidad de producir conocimiento escapando a los parámetros exteriores regidos por lógicas de cuantificación (cantidad de papers) y productividad mercantiles, con hiperespecialización y nula interdisciplinareidad. Las revistas internacionales fijan las prioridades a través de los puntajes que los investigadores necesitan para sostenerse dentro del sistema.
Así, frente a la “internacionalización multinacional” es necesario contraponer una “internacionalización latinoamericana” donde las iniciativas de intercambio, difusión del conocimiento, etc. tengan un fuerte componente regional orientado a producir conocimiento específico para las problemáticas de nuestro pueblo y para el desarrollo nacional-latinoamericano de nuestros países. Esto implica cambiar los sentidos de los intercambios tradicionales para profundizar el eje de cooperación conjunta, evitar la reproducción de las desigualdades y realizando un profundo cuestionamiento de los problemas estructurales de América Latina.
Hoy, es necesario dar cuenta de que en las universidades de nuestro continente coexisten tanto estas políticas al servicio de las corporaciones, como el modelo alternativo de internacionalización a nivel regional (proponiendo incipientemente un modelo de desarrollo sustentable y con inclusión social). De más está decir que se impone notoriamente el primer modelo. Apelando a contrarrestar esta avanzada, es que se vuelve responsabilidad del conjunto de la comunidad universitaria rechazar cualquier acuerdo bilateral o multilateral con organismos de crédito o con bloques de países (UE, Alianza del Pacífico, Rusia, China etc.) que impliquen concebir a la educación como un servicio o establecer condiciones hacia la misma. Pero también, proponer desde nuestras universidades una integración regional que esté al servicio de nuestro pueblo latinoamericano.
Flexibilización
De la mano con lo anterior y mirando la experiencia europea del “Plan Bologna” (que implicó la convergencia y acortamiento de los trayectos formativos en la educación superior europea, su creditización y acreditación) en Argentina el macrismo impulsa el sistema de créditos de Reconocimiento Académico, que tal y como se plantea no es otra cosa que un proyecto para organizar el sistema de educación superior a través de carreras para armar, de manera que lxs estudiantes podamos cursar los distintos trayectos de una carrera en diferentes instituciones (públicas o privadas, universitarias, terciarias o incluso cursos de formación organizados por empresas privadas).
Se supone que esto responde a una necesidad de mayor “movilidad estudiantil”, pero lo que realmente se esconde detrás es la búsqueda por regular el sistema universitario a través de las leyes del mercado: este tipo de iniciativas buscan que las corporaciones multinacionales sean quienes diseñen el “perfil del profesional” que necesitan, de forma que lxs estudiantes nos veamos obligadxs a organizar nuestras carreras en función de este requerimiento, para lo cual las universidades públicas tendrán que adecuar sus planes de estudio en competencia directa con las otras instituciones (educativas o directamente empresariales). Se pierde entonces el verdadero fundamento de la autonomía universitaria: poder decidir qué profesionales necesita la sociedad en función de un modelo de desarrollo sin la interferencia de intereses privados, eclesiásticos y también políticos. Vale decir que este concepto de autonomía es válido de ser discutido en pos de la construcción de una universidad popular y latinoamericana: no queremos que la autonomía sea motivo para una aislación de la universidad respecto del contexto social, sino que esté profundamente arraigada en las necesidades populares. Pero esto implica un movimiento radicalmente opuesto al que se propone mediante el sistema de créditos de Reconocimiento Académico: queremos que la orientación académica de la universidad esté más vinculada a los movimientos sociales, barriales, gremiales y a las necesidades del pueblo trabajador, no que esté más condicionada por la oferta laboral del capital internacional.
De más está decir que el modelo de flexibilización propuesto por el gobierno de Cambiemos presenta a la educación como mercancía que es dividida y seccionada, parte de una adquisición rentable para mejorar su rendimiento económico. No es menor el rol que en los últimos años está tomando el circuito de universidades privadas (nacionales y transnacionales) tanto en nuestro país como en el conjunto del continente, que crece en reconocimiento a partir de incentivos dados de forma inexorable por los gobiernos neoliberales. La flexibilización, y particularmente el reconocimiento de conocimientos provenientes directamente del sector privado, equiparándolos con aquellos provenientes de las universidades públicas, apuntala aún más este direccionamiento. Frente a esta ofensiva, en nuestro país en particular tenemos como tarea fundamental defender más que nunca que no hay proyecto de calidad educativa universitaria sin que se contemple en el mismo una democratización social de las instituciones, reafirmando la importancia y relevancia que tiene la Universidad pública y gratuita para el conjunto de nuestro pueblo.
Virtualización
En pleno siglo XXI indudablemente es necesaria la incorporación de las nuevas herramientas de la comunicación a las prácticas de enseñanza de la educación superior y la educación en general. Sin embargo, para eso es imprescindible el desarrollo de herramientas virtuales e informáticas diseñadas en función a las necesidades nacionales.
La virtualización que se propone desde los espacios impulsores del neoliberalismo, se trata de incorporar la educación a distancia a través de convenios con plataformas internacionales de cursos virtuales. Esto se encuentra estrechamente ligado a los dos puntos anteriores: No solo se abre la puerta con eso al arancelamiento, dado que estos cursos no son brindados por el Estado, sino que se deja a merced de universidades extranjeras y -nuevamente- corporaciones multinacionales, la definición de los contenidos formativos de lxs estudiantes. Así, se generan ofertas que responden directamente a demandas específicas del mercado y establecen conocimientos reproductores de la globalización, en pos de deshistorizar y negar los saberes propios de los territorios. Y, lejos de plantearse propuestas que busquen democratizar el acceso a la información, asientan su carácter mercantilizador.
La educación a distancia es una importante herramienta para fomentar la socialización del conocimiento, así como la importancia de la alfabetización informática en los sectores populares que se ven imposibilitados de acceder por su cuenta a tales aprendizajes, pero no puede ser jamás una excusa para entrometer los intereses foráneos en la formación de profesionales.
Simultáneamente, se aprovecha la oportunidad para recortar la planta docente, disminuyendo el presupuesto, y se apuesta a que menos estudiantes habiten el interior de la Universidad, espacio históricamente aprovechado para desarrollar el pensamiento crítico, la politización y la organización de la juventud.
Una Nueva Reforma Popular
Para poder construir un país y una América Latina emancipada, soberana y socialmente justa, la educación superior y, en estrecha vinculación, la ciencia y tecnología, siguen siendo herramientas absolutamente necesarias e imprescindibles.
En el marco del aniversario de los 100 años de la Reforma Universitaria de 1918, y de los 69 años de la Gratuidad Universitaria sancionada en 1949, es necesario llevar adelante una Nueva Reforma Popular. La misma debe asentarse en la concepción de la educación y el conocimiento como bien público y derecho humano universal, estableciendo la responsabilidad indelegable del Estado de garantizarlos.
La autonomía debe ser entendida como autonomía del poder económico, no así como autonomía de los intereses populares y culturales de la Patria, que por el contrario, deben ser el eje rector sobre el cual se construyan los planes de estudio, las líneas prioritarias de investigación y los proyectos de extensión. En este plano, reafirmamos la necesidad de la construcción de un conocimiento que mire hacia el conjunto de su pueblo y su territorio, dialogando con él. El saber y la cultura latinoamericanos deben ser recuperados, al ser parte de procesos históricos, políticos, sociales y económicos estructurales que presentan numerosos elementos comunes. Esto decanta, también, en el funcionamiento de los organismos encargados de la evaluación y acreditación de carreras universitarias: la evaluación debe estar fuertemente vinculada al entorno social donde el conocimiento se produce, prevaleciendo el rol de las entidades públicas y de distintos actores sociales implicados. Podemos ver una contraposición clara con lo que ocurre actualmente, donde nos seguimos encontrando, por herencia de la aún vigente Ley de Educación Superior, con evaluaciones y acreditaciones de carreras en donde el sector privado aún tiene injerencia. La creación de Consejos Sociales como ámbito de intercambio entre organizaciones sociales, sindicales, juveniles y de mujeres, el establecimiento de prácticas pre-profesionales controladas por la Universidad y no por el sector privado, y la curricularización de la extensión universitaria son los primeros pasos en este sentido.
El cogobierno tiene que ser profundizado. La mera participación en los Consejos Directivos y Superiores no garantiza una democracia realmente participativa, en la medida en que el claustro docente conserve una mayoría propia y lxs estudiantes,trabajadores no docentes y egresados, nos veamos subrepresentados en esos órganos. A su vez, deben generarse más instancias democráticas que le den voz y espacios de debate al conjunto de la comunidad universitaria con mecanismos de decisión directa. Un proyecto que se sostiene en la inclusión y la potenciación de las mayorías del pueblo supone la democratización universitaria en tanto ésta debe estar abierta e incluyendo permanentemente a las mayorías en la participación de la dirección de la educación y en cada uno de los claustros, no solo con la gratuidad sino también con las condiciones de horarios, dedicación, proximidad, temáticas, seguimiento educativo y diagnósticos específicos.
La planificación política pasa a ser el tema central del quehacer diario del cogobierno de cada institución de educación superior. En la planificación es donde las mayorías expresadas en el cogobierno, llevan adelante el proceso diario de la participación e inclusión de las mayorías a través de los temas, tiempos y modos en que se dirigen las acciones para lograr la participación del pueblo.
No sólo la democratización política es necesaria, también lo es la democratización social. El Estado y la misma Universidad tienen que poner el máximo esfuerzo para garantizar el acceso, la permanencia y el egreso de los sectores que aún hoy cuentan con numerosas dificultades para ello. Además de asegurar la gratuidad y el acceso irrestricto, una Nueva Reforma tiene que contemplar la importancia de mecanismos como las becas, el boleto educativo, las residencias universitarias, los comedores, las posibilidades de acceso al material de estudio, entre otros. Así también, debe tener en cuenta tanto en el plano académico las modificaciones necesarias en las modalidades de cursadas para garantizar la permanencia no solo en un plano material, sino también replanteando modalidades de enseñanza que, estancadas hace años, ya no son acordes para las realidades que nos atraviesan día a día a lxs que transitamos la Universidad. Por otro lado, también se vuelve fundamental pensar en este plano una disputa de sentido de la validación del conocimiento, atacando a la idea de meritocracia que hoy impera en los discursos educativos oficiales y que, bajo ese escudo, sigue reproduciendo parámetros históricos de desigualdad.
La Universidad debe plantear un modelo de enseñanza y docencia basado en el ingreso por el problema de la realidad para que la capacitación, enseñanza y formación tenga un anclaje concreto inmediato con la realidad y permita que el proceso de enseñanza-aprendizaje siga el camino de lo concreto-problema a lo abstracto-concepto. Por lo tanto, el concepto es un punto de llegada, resultante y guía en los próximos análisis, operando como herramienta teórica en adelante. El estudiante debe recorrer el proceso de lo concreto del problema a lo abstracto del concepto. La relación profesor enseñanza – aprendizaje estudiante, debe garantizar este camino y proceso de estudio. Además, los problemas deben ser de la realidad argentina y latinoamericana, y particularmente de los pueblos argentino y latinoamericano. El problema económico-tecnológico, político o cultural de una corporación multinacional y red financiera transnacional no es objeto ni objetivo de estudio ni de investigación. Si lo es el o los problemas que una multinacional o transnacional genera a los pueblos de argentina y Latinoamérica.
La extensión debe ser entendida como compromiso y articulación social. El proceso de extensión universitaria debe dar cuenta y paso a la articulación real y concreta entre los actores sociales del proyecto estratégico. El proyecto debe recuperar los saberes sociales de cada frente y avanzar en la construcción de conocimiento común, desarrollando proyectos que combinen las personas y esfuerzos en el emprendimiento social, de economía social o político social.
El Pueblo debe ser el punto de partida de la Ciencia. Investigación básica y aplicada no pueden estar separadas. La coordinación de los proyectos de investigación debe estar en manos del Estado. Y el Estado en manos del pueblo organizado. Cuando el control está en manos del mercado global, la investigación solo beneficia a las empresas asociadas a las redes financieras transnacionales.
La universidad debe incluir perspectiva de género y luchar por erradicar la discriminación y la violencia sexista en su interior. Tanto en sus contenidos curriculares -en los cursos de ingresos, planes de estudios, etc.- como en mecanismos internos de empoderamiento de las mujeres y las identidades disidentes al interior de la institución, otorgándoles mayor participación en los cargos ejecutivos universitarios y en los cargos docentes superiores; y también en la lucha por la erradicación de todas las formas de violencia de género que hoy en día persisten y se reproducen al interior de las casas de altos estudios.
Los y las trabajadores y trabajadoras docentes y no docentes de la universidad tienen que contar con condiciones dignas de trabajo. Erradicar el trabajo ad-honorem es un punto fundamental. También brindar herramientas de capacitación pedagógica específicas para el ámbito universitario. Y apuntar a un aumento de la planta docente que permita las condiciones para una transformación profunda de las prácticas pedagógicas al interior de las cursadas, rompiendo definitivamente el concepto vertical de reproducción del conocimiento.
La universidad, finalmente, debe salir a las calles junto al conjunto de lxs trabajadores y trabajadoras formales e informales, el movimiento de mujeres y los movimientos sociales para enfrentar al neoliberalismo y el FMI y para luchar por una sociedad justa, libre e igualitaria
Estos son pilares fundamentales mediante los cuales creemos que asumimos la responsabilidad histórica de dar continuidad, y profundización, a las banderas que levantaron nuestrxs compañerxs en 1918 y tantas otras veces en defensa de la educación pública. En contraposición a una universidad que se propone el espejo tercermundista de la educación superior foránea, y frente a una disputa de sentidos constante donde se pone en juego el rol del Estado para ser reemplazado por el mercado, nos proponemos el desafío de construir una educación superior que sea realmente un derecho, y la construcción de una universidad crítica, inclusiva, comprometida, transformadora, con perspectiva de géneros y esencialmente popular.
Frente de Unidad Estudiantil por una Nueva Reforma Popular
Federacion Universitaria Argentina – Secretaria Ejecutiva
FUNE – FRENTE UNIVERSITARIO POPULAR POR LA EMANCIPACIÓN DE LOS PUEBLOS
LA MELLA – CORRIENTE UNIVERSITARIA NACIONAL
MPE – MOVIMIENTO DE PARTICIPACION ESTUDIANTIL
CEPA – CORRIENTE ESTUDIANTIL POPULAR ANTIMPERIALISTA
MOVIMIENTO SUR
MUE – MOVIMIENTO UNIVERSITARIO EVITA
LA CAMPORA UNIVERSIDAD
NUEVO ENCUENTRO
UNIDOS x LA UNDAV
Frente Tecnológico Nacional – UNETE
MUI – MOVIMIENTO UNIVERSITARIO DE IZQUIERDA

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